El dilema de las provincias ante cambios de YPF
La transformación energética en el área de hidrocarburos
La petrolera abandona las áreas convencionales y propone ceder las concesiones. Se achicarán las fuentes laborales. Santa Cruz anticipa la crisis
Yacimientos maduros y de baja productividad, abandonados por el atractivo de Vaca Muerta
El plan previsto por YPF para desprenderse de las áreas en yacimientos maduros (de baja productividad) para concentrarse en la producción no convencional en Vaca Muerta y otros yacimientos nuevos todavía en etapa de exploración, está chocando con problemas de implementación frente a algunas exigencias provinciales. En particular, en Santa Cruz, el proceso de licitación de áreas maduras, más allá de un acuerdo inicial entre el gobernador, Claudio Vidal, y las autoridades de la petrolera, empieza a complicarse.
Ante la exigencia inicial de Vidal para que YPF le ceda las áreas a la empresas petrolera y minera provincial, Fomicruz, y que ésta fuera quien las sacara a licitación, YPF prestó su conformidad y anunció el retiro de sus equipos de una de las principales áreas de producción, Las Heras (norte de la provincia). Este abandono del área productiva tomó por sorpresa al sindicato petrolero de la región, espacio del que proviene el gobernador, que rechazó la postura empresaria.
A ello se suman las demandas de remediación ambiental de la provincia a la petrolera recordándole su obligación de atenderlas antes de retirarse. Todo este conjunto de problemas, que en algunos casos también salpican a las otras cinco provincias involucradas en el programa de abandono de la producción convencional por parte de YPF, lleva a pensar que el trámite no será sencillo ni corto en su ejecución.
«Yacimientos Petrolíferos Fiscales (principal empresa energética de la República Argentina), dejará de producir en las áreas convencionales para dedicarse de lleno a la producción de Shale Gas y Shale Oil, como resultado de dicho proceso revertirá o entregará sus áreas en el Golfo de San Jorge (Norte de la Provincia de Santa Cruz y Sur de la Provincia Chubut), a los titulares originarios de los recursos del subsuelo, de acuerdo a los derechos consagrados por la Constitución Nacional de la Nación, reformada en el año 1994, es decir los estados provinciales de Santa Cruz y Chubut», señala un documento puesto en manos del sector petrolero privado en la última semana.
La idea no es novedosa, ya que el actual titular de YPF, Horacio Marín, mencionó el tema en más de una oportunidad, e incluso lo incluyó como «uno de los cuatro pilares» en los que se basa la estrategia de la empresa para los próximos años. «En materia de campos maduros, YPF tiene que alocar el capital donde es más rentable y permitir que otras empresas desarrollen esas áreas», refirió Marín el último 3 de abril hablando del futuro de la petrolera.
El dossier puesto en manos del sector privado en los últimos días agregaba: «Serán entregados a la Provincia de Santa Cruz 10 áreas en producción cuyo titular será Fomicruz S.E. Toda la información es pública y puede consultarse en la página oficial de la Secretaría de Energía de la República Argentina».
En tanto, las áreas sobre las que ya se avanzó, identificándolas y agrupándolas para su futura licitación, son las correspondientes a las cinco provincias petroleras restantes: Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.
La oferta se organizó en los llamados clusters. En este caso, referido al encadenamiento de distintas áreas en un mismo bloque, combinando unas más atractivas con otras de escaso interés, pero que se ofrecerán concentradas. La propuesta, así armada, quedó constituida por tres clusters en Mendoza (Norte, Sur y Llancanelo), dos en Neuquén (Norte y Sur), dos en Río Negro (Señal Picada-Punta Barda y Estación Fernández Oro), tres en Chubut (El Trebol, Campamento Central-Cañadón Perdido, y El Tordillo-La Tapera-Puesto Quiroga), y una en Tierra del Fuego (Poseidón-Magallanes), en la cuenca Austral (offshore).
El caso de Santa Cruz, en cambio, fue escalando en tensiones hasta que YPF anunció, a fines de marzo, que iniciaría el proceso de desmantelamiento de los equipos en Las Heras, al norte de Santa Cruz. Desde el mes de enero hubo reuniones con el gobernador Vidal, quien en aquel momento prestó su conformidad al procedimiento, que debía ser previo al traspaso de las áreas a Fomicruz.
“Se trata de las áreas de YPF –algunas de ellas sin inversión-, con notables pérdidas de producción en los últimos años. Como consecuencia de ello, muchas empresas pymes dejaron de funcionar, otras enfrentan la reducción de sus contratos, y la sociedad absorbe la pérdida del movimiento económico regional”, justificó Vidal su postura en ese momento.
Sin embargo, este último jueves, Rafael Güenchenen, quien reemplazó a Vidal como secretario general del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, rechazó el abandono de las áreas por YPF y el supuesto stand by del personal. En una audiencia con representantes de la operadora estatal, Güenchenen alertó sobre «la preocupante situación ante la falta de programación de perforación de pozos para las próximos meses» y la falta de tareas de mantenimiento en yacimientos.
A esa situación se suman las demandas no atendidas, hasta el momento, de parte del área de medio ambiente de la provincia a YPF para que, antes de abandonar la zona, «se haga el relevamiento total del pasivo ambiental de las áreas», entendiendo que hay un saneamiento pendiente para remediar el daño ambiental provocado.
Se sabe que esta tarea es altamente costosa y es una responsabilidad que suele ser esquivada por las empresas petroleras. Pero, en este caso, se trata de un intento de transferencia entre empresas de la concesión. Las expectativas están puestas en que estas áreas convencionales, secundarias, puedan atraer a empresas medianas. Pero tomar las áreas con un pasivo ambiental cuyo costo supera en varias veces la inversión para mantener el área operando, reducirá sensiblemente el interés en las mismas.
El otro problema que salta a la vista de los analistas es que, mientras YPF sostenía las áreas que salen a oferta con un plantel que podía sumar en cada caso entre 50 y 100 personas, los mismos expertos suponen que «un nuevo operador en estas áreas marginales, para hacerlas rentables necesita trabajar con no más de 20 o 30 personas, según cada caso».
Por ahí pasa el cuestionamietno de los petroleros de Santa Cruz. Una situación que podría repetirse en cada una de las cuencas en las que YPF planea retirarse. Más aun cuando se trata de provincias que vienen sufriendo el impacto laboral de la reducción de estructuras estatales y el congelamiento de las obras públicas.
El sector de hidrocarburos es uno de los que está llamado a ser uno de los principales impulsores de negocios en el país en esta etapa. Lo cual no es lo mismo que decir, como queda en evidencia, que vaya a ser un gran distribuidor de beneficios
Por Raúl Dellatorre / Página/12
