Ganancias: las batallas judiciales con final abierto que se disparan por el regreso del impuesto

La reglamentación del impuesto abrió una nueva pulseada. Por qué podría derivar en un duro revés para el Gobierno. Los casos abiertos y la sorpresiva reacción de un diputado aliado.

Diplomáticos, bancarios, médicos, empleados judiciales y magistrados. Todos unidos contra la reimposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, dentro de una lista de querellantes que podría sumar al diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal (HCF). Es uno de los opositores que votó a favor de la ley y ahora podría cuestionar la constitucionalidad de su reglamentación.

Cada uno de los gremios que presentarán amparos ante la Justicia buscarán revertir el regreso de este gravamen, que considera al salario como ganancia y cuya aplicación quedará finalmente en manos de los tribunales. Si la contienda escala y el Ejecutivo no negocia antes de que sea demasiado tarde, el conflicto podría alumbrar un nuevo revés, en manos de la Corte, para la primera batalla que se abre por la aplicación del Paquete Fiscal y la Ley Bases.

El disparador que aceleró los amagues de litigio y los llevó a la práctica fue el decreto 652/2024. Este lunes el Boletín Oficial publicó la reglamentación del Paquete Fiscal, que lleva el número de ley 27.743 y aplicó los topes previstos por la ley, junto a los alcances de la reimposición de Ganancias. El gravamen tiene una recaudación que es coparticipable en un 60% y su regreso formó parte de una de las negociaciones más complejas del Gobierno con los gobernadores.

Para evitar que la negociación por el paquete fiscal quedara estancada en el Senado, el Ejecutivo aceptó introducir cambios a la versión que había aprobado la Cámara de Diputados. Los cambios introducidos buscaron conseguir el apoyo de las provincias patagónicas, pero solo quedaron dentro del dictamen de mayoría. Cuando llegó al recinto del Senado, el capítulo de Ganancias fue rechazado. Luego la Cámara Baja insistió en la versión original que había aprobado. El dato no es menor, porque el decreto publicado este lunes exime de Ganancias a los asalariados de Tierra del Fuego, y menciona la Ley 19.640, aunque ese tema no forma parte de la letra de la norma que finalmente sancionó el Congreso.

En la cuestión fueguina se cocina sólo una de las debilidades jurídicas que le pronostican a la reglamentación que rige desde este lunes. La reimposición del impuesto afectará a más de 800.000 trabajadores en relación de dependencia en todo el país. Lo pagarán los solteros que perciban desde $1.800.000 de ingreso bruto mensual y los casados con dos hijos que cobren $2.200.000, con alícuotas que irán del 5 al 35 por ciento. Esos mínimos imponibles quedan desactualizados por la inflación y fueron parte de las advertencias que le hizo la CGT al Gobierno para evitar una escalada de conflictos judiciales.

La central obrera impulsó un amparo contra el capítulo laboral del DNU 70/23 y logró su suspensión. La decisión de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral fue apelado por la Procuración del Tesoro y deberá definirse la Corte. La semana pasada una parte de los dirigentes cegetistas se reunieron con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. No estuvo el triunviro Pablo Moyano, pero los «gordos» le pidieron al Gobierno que el procurador Rodolfo Barra retire la apelación.

La batalla judicial por Ganancias
La CGT podría presentarse también contra Ganancias. Hasta ahora no lo hizo, pero la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, ya radicó el planteo de inconstitucionalidad que había anticipado como diputado del bloque de Unión por la Patria. «Dicha ley es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara ¡La Cámara de Senadores la rechazó! No produjo cambios o modificaciones, la voluntad expresa de los Senadores fue el rechazo”, remarcó el secretario general de La Bancaria.

Para Palazzo el rechazo de la Cámara Alta y la insistencia posterior en Diputados de la versión original abre una posibilidad de litigiosidad. Sostiene que solo intervino una de las dos cámaras, pero en el oficialismo sostienen que ese argumento no prosperará, porque Diputados es cámara originaria en temas tributarios y el rechazo del Senado no invalida que pueda ser ratificada la primera versión de un proyecto de ley.

El diputado sindical advirtió que “también viola diversos principios”, pero especialmente el de «intangibilidad de los salarios», porque «vulnera el principio de carácter alimentario del salario». Con su cuenta de X, antes Twitter, el dirigente bancario enumeró una serie de cuestionamientos que posiblemente serán repetidos por distintos sindicatos con afiliados que ganan por encima del mínimo imponible de Ganancias: «Es confiscatorio, viola el principio constitucional de progresividad, es una ilegal rebaja de salarios, no permite ningún tipo de deducciones, es discriminatoria y abarca al 95% de los salarios bancarios”, argumentó.

Por ahora no jugó la conducción de la CGT, pero sí lo hizo La Bancaria, uno de los gremios más importantes de la Corriente Federal de los Trabajadores, línea con peso propio dentro del tablero confederal. Faltan pronunciamientos de gremios que no están en la CGT y que, si paran, pueden provocar un fuerte impacto en el sector agroexportador. Es el caso del gremio de Aceiteros y Desmotadores, que conduce Daniel Yofra. La federación del sector tendrá un plenario este miércoles en San Lorenzo, Santa Fe, y podría lanzar una serie de protestas contra Ganancias que podrían volver a paralizar la salida de oleaginosas de los puertos cerealeros.

También presentaron amparos la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) junto a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Tanto jueces como empleados judiciales accionaron contra el regreso de Ganancias y pidieron que se habilite la feria para que sea analizado el amparo porque genera un “incremento sustancial del porcentaje del haber remunerativo susceptible a ser retenido” y «desconoce» la reglamentación vigente. El Sindicato de Trabajadores de la Justicia recurrió al Consejo de la Magistratura y les solicitó que no apliquen el artículo 81 de ley y que sigan rigiéndose por el protocolo aprobado por la Resolución 8/19 del organismo.

Los diplomáticos de carrera todavía no presentaron su amparo, pero la Asociación del Personal de Carrera del Servicio Exterior de la Nación publicó «su más enérgico rechazo» contra «la extensión del impuesto al adicional de costo de vida en el exterior». Es un extra que se calcula por un índice que elabora Naciones Unidad y que sirve a los diplomáticos para afrontar gastos que asumen en forma individual. «Los diplomáticos profesionales siempre han pagado impuesto a las Ganancias por sus salarios, pero el adicional por el costo de vida cobrado por la asignación en el exterior estaba exceptuado», advirtieron.

El artículo 81 de la norma sumará cuestionamientos en todo el país. Sostiene que sólo rige esa norma y que «no serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes», donde «esté establecido o se establezca en el futuro, directa o indirectamente, la exención, desgravación, exclusión, reducción o la deducción, total o parcial, de materia imponible de este impuesto». Es decir que anula la vigencia de otras leyes y convenios sobre el alcance de las exenciones de Ganancias. El tema será materia de otra controversia, esta vez enfocada en una cuestión de jurisdicciones y constitucionalidad.

De votar como aliado en Ganancias, a la sorpresiva reacción
Las batallas judiciales que abrieron los gremios era una contienda anunciada. La sorpresa la aportó Massot, que está preparando otro amparo si el gobierno no camina sobre sus pasos. El extitular del bloque de diputados del PRO durante el gobierno de Mauricio Macri sostiene que Milei se comió dos meses.

«La reglamentación del impuesto a las ganancias contradice lo sancionado en la ley respecto de la indexación excepcional que se introdujo y que ocurrirá en septiembre solo por esta vez y perjudica en un 18.5% a los trabajadores», escribió el legislador para detallar que el decreto omitió un bimestre para el cálculo del ajuste que definirá el mínimo no imponible y otras deducciones a partir del 1 de enero de 2025. De ese modo, el piso salarial del impuesto será más bajo en términos reales e implicará dos trampas para los contribuyentes: que más asalariados paguen el impuesto y que paguen más los que ya lo pagaban antes.

Es una pérdida que araña el 20% para los contribuyentes y por fuera de la corrección que reclama, Massot busca dejar en evidencia que el Gobierno no respeta los acuerdos que promete para lograr los votos en las dos cámaras del Congreso. El legislador podría recurrir a la Justicia y plantear la inconstitucionalidad del decreto reglamentario. Sería el primer caso abierto contra la aplicación de Ganancias por parte de un diputado que apoyó la Ley que lo reimpuso, pero cuestiona al Gobierno por aplicar otra cosa.

La queja resulta perturbadora para la Rosada, pero podría ser insoportable si se transforma en un amparo y origina un revés de la Justicia. Massot espera que lo escuchen y aflojen para evitar llegar a tribunales, pero más allá de la pulseada que planteó, su movimiento anticipa otro crujido para el bloque que conduce Miguel Pichetto. El bloque HCF ya perdió a la Coalición Cívica y en el futuro podría quedarse sin Massot y sin Emilio Monzó, hasta romper a un conglomerado de aliados esquivos muy importante para el oficialismo en la Cámara de Diputados. El gesto de Massot es, al menos, una foto preocupante para el arranque del segundo semestre de Javier Milei.